Todos hemos leído, con asombro y perplejidad las noticias que informaban del
cese unilateral y sin anuncio previo del Convenio General de Cooperación entre la
Comunidad Autónoma de La Rioja y la Diócesis de Calahorra y La Calzada- Logroño sobre
Enseñanza de la Religión y Moral Católica. La gravedad de la acción y las consecuencias
derivadas de la misma son de tal calibre, que creemos que la sociedad civil riojana debe
levantar su voz y decir alto y claro que defender a la asignatura de Religión Católica, a
las familias que la eligen, a los alumnos que la cursan y a los profesores que la imparten,
no es un privilegio de la Iglesia Católica sino un derecho que nos asiste.
Este derecho está reconocido en:
– La Constitución Española, que nos ampara a todos los ciudadanos sin distinción,
en el artículo 27.3
– Los Acuerdos Internacionales entre la Santa Sede y el Estado Español, que son
tratados legislativos de rango internacional.
– La Carta Europea de Derechos Fundamentales, que en su artículo 14.3 sostiene:
“los padres deben tener la posibilidad de asegurarse de que la educación que se
les da a los niños corresponde a sus convicciones religiosas».
– La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26.3
Y además:
– Porque la presencia de la asignatura de Religión Católica en nuestro sistema
educativo es un bien común para toda la sociedad riojana.
– Y porque las Autoridades deben velar por cumplir y hacer cumplir la ley que nos
ampara a todos los ciudadanos y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer en
libertad todos sus derechos